Según informa la propia Diputación de Huelva a través de esta nota de prensa, como novedades más destacadas de este año, la obligatoriedad de que las contrataciones se realicen por periodos comprendidos entre dos, como mínimo, y seis meses de duración; a diferencia del año pasado en el que los ayuntamientos pudieron contratar por un periodo mínimo de un mes y máximo de seis. También, la imposibilidad de que las entidades locales beneficiarias puedan serlo, por el mismo concepto y período de contratación, de cualquier otra subvención o ayuda procedente de otras áreas o servicios de la institución provincial.

Dotado con un millón de euros, financiados con cargo al presupuesto del Área de Bienestar Social de Diputación, a este programa especial contra la vulnerabilidad y la exclusión social, pueden adherirse los 72 ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes, que son los encargados de realizar las contrataciones, previa valoración y estudio de las personas beneficiarias por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de la institución provincial. El próximo 30 de enero se cierra el plazo de adhesión al programa, en el que el año pasado participaron la totalidad de municipios menores de 20.000 habitantes que podían hacerlo.

Dotar a la población con dificultades sociales de la posibilidad de acceso al mercado laboral y facilitar recursos a familias con problemáticas socioeconómicas para evitar la exclusión social, son los objetivos fundamentales de este programa, destinado a personas desempleadas de larga duración, familias en procesos inminentes de desahucios, personas que no pueden hacer frente al gasto de vivienda, familias monoparentales en desempleo y sin redes sociales de apoyo, familias empobrecidas con menores, familias de origen inmigrante en cualquiera de las situaciones anteriores, jóvenes en paro y mujeres víctimas de violencia de género.

Según estipulan las bases de la convocatoria, los Ayuntamientos no podrán formalizar ningún contrato con posterioridad al 1 de diciembre de 2018. Éstos tendrán que ser por obra o servicio determinado, y su importe se corresponderá con el salario mínimo interprofesional para 2018, cifrado en 24,53 euros/día y 735,90 euros/mes. Las entidades locales con cargo a sus presupuestos podrán completar estos importes hasta lo establecido en sus respectivos convenios de aplicación al personal de dicha entidad.

Al igual que el año pasado, y dado que el programa tiene una naturaleza social favorecedora de la inclusión personal, familiar y social, las personas beneficiarias del Plan destinarán obligatoriamente 2 horas semanales de su jornada laboral a la realización de diferentes intervenciones psicosociales, educativas y de búsqueda activa de empleo, como talleres de afrontamiento de crisis, grupos de desarrollo personal o talleres de habilidades sociales. El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrán también especial incidencia en trabajos de índole social, como el cuidado de jardines y otros espacios públicos, apoyo logístico a asociaciones del municipio y otros proyectos desarrollados por los servicios sociales.

La distribución de los fondos del programa entre las entidades locales será directamente proporcional al número de demandantes de empleo no ocupados (DENOS) de cada municipio. El año pasado la menor y mayores aportaciones correspondieron a Cumbres de Enmedio, con 12 DENOS y una aportación de 3.000 euros; y Valverde del Camino, Bollullos, Cartaya y Punta Umbría, situadas en un tramo de entre 1.501 y 2000 demandantes de empleo no ocupados, a los que correspondió 24.500 euros cada uno.

Como los Ayuntamientos pueden realizar sus justificaciones hasta marzo, aún no se conocen los datos de las contrataciones que propició el Plan Extraordinario de Empleo 2017. Los datos del Plan 2016 arrojan una medida de contratación provincial de 43 días, con 884 personas contratadas, 466 mujeres y 418 hombres. El mayor número de contrataciones se produjo en la Sierra Este, con 173; y el menor, en la Costa, con 36 contratos.